LA VERDAD/LAS PROVINCIAS – 02/10/2013

Urbanismo propone a la oposición crear un grupo de trabajo para introducir cambios en el documento que se envió al Consell y aprobarlo sin exponerlo. 

El Ayuntamiento de Alicante no va a esperar a que la Generalitat dé el visto bueno al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, cuya tercera versión estudia desde hace más de dos años. Dado el considerable retraso que acumula la aprobación de este documento fundamental, ha decidido tramitar algunos de sus contenidos de forma independiente. Es el caso del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, que el Consistorio pretende modificar y aprobar al margen del PGOU.

Las continuas modificaciones del documento que rige el urbanismo municipal demuestran que la revisión del mismo es urgente. Este mismo lunes el Consell aprobaba de forma definitiva la modificación puntual número 31, destinada a posibilitar el establecimiento de Ikea en Rabasa. Sin embargo, es posible que la aprobación del PGOU aún esté lejana, dado el procedimiento judicial abierto por presuntos amaños en su tramitación a favor del empresario Enrique Ortiz, en la pieza separada del ‘caso Brugal’.

Es por esto que la Concejalía de Urbanismo ha propuesto a los grupos de la oposición crear un grupo de trabajo que revise el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que el Ayuntamiento incorporó a la documentación del nuevo Plan General, para después tramitarlo y aprobarlo de forma independiente en un Pleno.

En una reunión con los portavoces de los grupos municipales del PSOE, EU y UPyD, la concejal de Urbanismo, Marta García Romeu explicó que el Ayuntamiento se encuentra en estos momentos con el problema de que existen edificios o espacios que no gozan de protección en virtud del PGOU en vigor, pero a los que sí se prevé proteger en el nuevo Plan. Y señaló que esto puede generar problemas porque se pueden solicitar licencias de obra o demoliciones que, con la norma en la mano, no se pueden denegar por motivos de protección.

Es por ello que consideró necesaria una revisión del catálogo y su aprobación de forma independiente del resto de documentos urbanísticos, en un Pleno municipal.

Para ello, se crearía un grupo de trabajo formado por los cuatro portavoces municipales y el equipo redactor del PGOU.

Además, su objetivo es llevarlo a Pleno sin que tenga que pasar antes por una exposición pública, pese a que se quieren introducir cambios. No solo a la hora de incorporar bienes protegidos, sino también de quitar la protección a alguno de ellos, según avanzó la concejal en la reunión con la oposición.

O más bien las reuniones, porque la edil se encontró primero con el portavoz del grupo socialista, Miguel Ull, para explicarle esta propuesta, y más tarde con los de EU, Miguel Ángel Pavón, y UPyD, Fernando Llopis. El motivo es que Ull justificó que le era imposible asistir a la reunión en la hora acordada.

Consenso político

Tras una primera toma de contacto, los cuatro portavoces han quedado en volver a reunirse mañana, para poner en común sus opiniones sobre la propuesta del equipo de gobierno municipal.

El portavoz socialista explicó ayer que, en principio, la propuesta le parece «positiva», porque permitirá acelerar la aprobación de este catálogo. Y valoró que se busque el «consenso con la oposición» a la hora de revisar el catálogo. No obstante, consideró que hay que esperar «a ver qué modificaciones se plantean, para dar nuestra opinión sobre las mismas y hacer aportaciones», señaló Ull.

El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, exigió que dicho catálogo se desvincule «por completo» del nuevo PGOU, bajo sospecha judicial por su presunto amaño. El edil marca tres líneas rojas para participar en la comisión de trabajo que le propuso García Romeu.

La primera es que el equipo redactor del nuevo PGOU no participe en los trabajos al estar imputado su responsable, el arquitecto Jesús Quesada, sin que ello suponga que no pueda valorarse el trabajo desarrollado hasta el momento.

Pavón propone que la tutela técnica de los trabajos la lleven a cabo técnicos municipales de Urbanismo y de Cultura. La segunda exigencia de la formación de izquierdas pasa por que la constitución de la comisión se apruebe en el próximo Pleno municipal, de modo que sea una comisión de pleno que quede abierta a la participación de los colectivos interesados. Y la tercera condición sería que el documento que surja del trabajo de la comisión se someta a información pública.

El edil considera necesario que la ciudad disponga de un catálogo en condiciones que sustituya al plan de edificios protegibles de 1983, pero se muestra muy escéptico con la «supuesta voluntad proteccionista del PP local».

Entre los edificios que el Ayuntamiento preveía proteger en el nuevo PGOU están la Estación de Renfe. Una decisión que provocó tensiones con el Ministerio de Fomento a la hora de aprobar el planeamiento del Parque Central del soterramiento. El ministerio argumentaba que la estación debía ser demolida para construir en su lugar la futura Estación Intermodal, pero el Ayuntamiento defendió su intención de proteger la fachada y rehabilitarla.