Un informe advierte de que la especulación puede matar el plan del soterramiento

La Comisión Municipal de Urbanismo aprobó ayer –con el voto a favor del PP y UPyD, la abstención del PSOE y el voto en contra de EU– el plan inicial para el desarrollo urbanístico de los terrenos ferroviarios bajo los que discurre el AVE y que prevé la construcción de 1.800 viviendas, un parque central y la polémica eliminación del Puente Rojo. Dentro del expediente hay un informe, elaborado por el Instituto Valenciano de la Edificación, que advierte de las amenazas que hay sobre el plan, como el hecho de que se vaya a financiar a través de las plusvalías por la venta de las parcelas. En concreto, se recoge que teniendo en cuenta la coyuntura económica actual «un fallo en las previsiones» así como «una sobreestimación en las plusvalías» puede provocar que el plan urbanístico «no se pueda llegar a completar en su totalidad o que los plazos se prolonguen en exceso».

Los costes de urbanización del nuevo sector ascienden a 40 millones de euros, de los que 7,2 se destinarán a la demolición del Puente Rojo y su sustitución por un nuevo vial. No obstante, la inversión total asociada a este proyecto urbanístico alcanza un total de 172 millones de euros, teniendo en cuenta los costes de edificación de las parcelas. Dado que los terrenos son públicos (Ayuntamiento, conselleria y Gobierno), la sociedad Avant, que representa a las tres administraciones, pretende hacer frente a los costes de urbanización con las plusvalías que se generen mediante la venta de las parcelas.

Una vez aprobado por el pleno, el proyecto se expondrá al público para la presentación de alegaciones y, en el mejor de los casos, no estará completamente terminado hasta dentro de una década. El desarrollo urbanístico generará ingresos a las arcas públicas mediante las tasas de las licencias, el impuesto de construcciones y el IVA que ascenderán a 41,6 millones de euros. Una vez que esté todo finalizado y construido el Ayuntamiento seguirá ingresando los impuestos que paguen los nuevos habitantes, como el IBI o la tasa de basuras. Sin embargo, tendrá que hacer frente a los gastos de mantenimiento y deberá prestar servicios a las personas que residan allí. Estos costes se han calculado en 2,1 millones de euros al año. Según Avant, el Ayuntamiento de Alicante –actualmente intervenido por el Ministerio de Hacienda– tendrá capacidad para hacer frente a ese nuevo gasto.

Los técnicos municipales han dado el visto bueno al plan urbanístico, con algunas salvedades técnicas que, según reflejan en sus informes, no impide seguir tramitando el proyecto y corregirlas sobre la marcha. La concejala de Urbanismo, Marta García-Romeu, explicó que ahora se inicia la tramitación administrativa, con un periodo de exposición pública y la recopilación de informes de las administraciones, pero rechazó ofrecer plazos para su finalización. «Es complicado», dijo García-Romeu, quien subrayó que «la situación económica no nos puede frenar en la tramitación administrativa del proyecto más importante que ahora mismo tiene la ciudad». Entre las claves del plan, la edil destacó que «no se renuncia a la llegada soterrada del ferrocarril, se retira el Puente Rojo por tratarse de un elemento que fue provisional y divide barrios y se crean un gran espacio verde que permitirá permeabilizar los barrios».

Desde el PSOE, la concejala Loles Fernández justificó la abstención al asegurar que no disponen de toda la documentación, si bien desde el equipo de gobierno local subrayan que se encuentra incluida en el expediente. Por su parte, el concejal de EU, Miguel Ángel Pavón, quien apuesta por no demoler el Puente Rojo, considera que la propuesta de Avant «tiene un fuerte componente especulativo al jugar con edificabilidades y plusvalías irreales, una clara debilidad del proyecto que puede suponer una amenaza, tal y como figura en el documento de diagnosis y estrategias sostenibles redactado por el Instituto Valenciano de Edificación y el Foro de Edificación Sostenible de la Comunidad Valenciana que forma parte del plan».

Marta García-Romeu, portavoz del PP

«La situación económica no nos puede frenar en la tramitación administrativa del proyecto más importante que ahora tiene la ciudad, pero es complicado dar plazos»

Loles Fernández, concejal del PSOE

«Se trata de la actuación urbanística más importante de la ciudad para los próximos años y debería contar con el mayor consenso. La operación tiene que ser lo más transparente posible»

Miguel Ángel Pavón, concejal de EU

«El plan de Avant especula con plusvalías irreales. La ciudad no necesita ni 1.800 viviendas ni una torre de más de 20 plantas, lo que necesita es un gran parque central»

Fernando Llopis, portavoz de UPyD

«Es obvio que no va a ser un proyecto a corto plazo, pero es positivo sentar las bases para cuando se pueda desarrollar. No nos gusta que los colegios estén tan en el extremo»