LA VERDAD/LAS PROVINCIAS – 09/07/2012

Varios colectivos defienden su valor mientras los vecinos denuncian que les «encajona». 

Puente Rojo sí, Puente Rojo no. Esta no es una disyuntiva nueva, ya que las diferencias de opinión sobre esta infraestructura sobre las vías del tren son tan viejas como el propio puente. Ya en 1987, cuando se anunció su construcción, y en 1990, cuando se inauguró, hubo vecinos de los barrios afectados que protagonizaron sonoras protestas.

Estas discrepancias quedaron acalladas por muchos años. Sin embargo, la decisión, que hasta ahora parecía firme, de la sociedad Avant de contemplar su desmantelamiento en el desarrollo urbano de los terrenos que liberará el soterramiento, ha vuelto a abrir la caja de pandora. Defensores y detractores han iniciado un cruce de acusaciones, en ocasiones en tono bastante agrio. Sobre todo desde que hace una semana el Gobierno central (parte de Avant), señalase que no está en sus planes desmantelarlo.

De un lado están los vecinos de los cinco barrios afectados directamente por la infraestructura: La Florida, Ciudad de Asís, Alipark, San Blas y el PAU 1.

Integrados en la Plataforma Renfe, estos barrios han luchado denodadamente porque el plan del soterramiento contemplase la desaparición de un puente que consideran que «encajona» a estas zonas de la ciudad y que entienden como una «barrera completamente innecesaria y prescindible tras el soterramiento de las vías».

Confían en que Ayuntamiento y Avant mantengan su compromiso de desmantelarlo y ven «tergiversadas» las interpretaciones que EU y Alicante Vivo, principales defensores del puente, han hecho de las declaraciones del Ministerio de Fomento al respecto.

Así, EU señalaba el pasado fin de semana en un comunicado que el Gobierno central «no contempla» desmantelar la infraestructura en el proyecto de soterramiento de las vías. Sin embargo, desde las asociaciones de vecinos señalan que «esto es porque el Gobierno central lo deja en manos de Avant, que es quien ha negociado con el Ayuntamiento el ordenamiento urbanístico posterior».

También están «muy molestos» con los cálculos que EU hizo de lo que costará desmontar el puente. «Dicen que costará 20 millones de euros pero eso es una exageración, todo el futuro ordenamiento está calculado y se pagará con las plusvalías que se generen», defienden.

«Ninguno de quienes lo defienden han venido por aquí a preguntar a los vecinos cómo nos afecta, qué molestias nos genera y la barrera que supone», explican los vecinos de La Florida. Y anuncian que van a iniciar una nueva campaña para defender los acuerdos alcanzados por la Plataforma Renfe con Avant.

Los defensores de mantener la infraestructura señalan que tiene un valor constructivo e histórico. EU propone su protección e integración en el parque central de la Estación Intermodal, ya que «es una «singular obra de ingeniería que se ha convertido en un elemento de identidad de la ciudad conocido por todos los alicantinos», según defendió el portavoz de EU en Alicante, Miguel Ángel Pavón.

El grupo municipal socialista también defiende el valor del puente, aunque considera que lo ideal sería desmontarlo y trasladarlo a otro lugar.

La asociación Alicante Vivo ha sido la que más fehacientemente ha defendido que el Puente Rojo no se «convierta en chatarra» por tratarse e un «icono» de la ciudad. Propone integrarlo y, si no es posible, trasladarlo a alguno de los barrancos.